A partir del cumplimiento de los requisitos que establece la norma y del pago de sus multas por parte del Gobierno del Estado de México, 63 mujeres privadas de la libertad han obtenido su libertad entre el 16 de septiembre de 2023 y el 2 de septiembre de 2026.
Así lo informó María Esther Rodríguez Hernández, secretaria de las Mujeres, quien explicó que la liberación fue posible gracias al acompañamiento integral y la representación jurídica que brinda la administración de la maestra Delfina Gómez Álvarez, a través del programa “Mujeres Privadas de la Libertad”.
El programa articula el trabajo de la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) y la Consejería Jurídica, a través del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México (IDP), instancia encargada de analizar cada expediente, dar seguimiento puntual a los procesos y garantizar una defensa adecuada para que las internas accedan, cuando legalmente proceda, a los beneficios previstos en la legislación.
Rodríguez Hernández detalló que, una vez acreditados los requisitos de ley, la autoridad estatal cubre el pago de las multas en los casos que la propia normatividad permite, lo que ha sido determinante para que las mujeres puedan salir de los centros penitenciarios.
Tan solo en los primeros ocho meses de 2026, nueve mujeres recuperaron su libertad bajo este esquema. El caso más reciente es el de Kimberly “N”, quien contó con la representación jurídica del IDP para el análisis y seguimiento de su proceso.
La titular de SeMujeres subrayó que la atención no concluye con la salida del penal. La Secretaría brinda acompañamiento posterior con perspectiva de género, igualdad sustantiva y respeto a los derechos humanos, además de apoyar con el traslado de las beneficiarias a sus hogares y canalizarlas a diversos servicios para favorecer su reintegración social.
“Con estas acciones sumamos capacidades institucionales para garantizar el acceso a la justicia, proteger los derechos de las mujeres y generar mejores condiciones para su reintegración”, destacó.
Con ello, el Gobierno del Estado de México reafirma que el acceso a la libertad no solo depende de la situación jurídica, sino de que la autoridad cumpla con los mecanismos legales a su alcance, como el pago de multas y la defensa pública, para hacer efectivos los beneficios que la ley contempla.
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