Con el objetivo de fortalecer el derecho humano a la movilidad y responder a los retos de saturación vehicular y contaminación en el Estado de México, la diputada Arleth Stephanie Grimaldo Osorio, integrante del Grupo Parlamentario de morena en la LXII Legislatura, presentó una iniciativa de decreto para establecer como obligación municipal la proyección y construcción de ciclovías, incorporándolas de manera formal en la planeación urbana, los programas de movilidad y la obra pública.
La propuesta parte del reconocimiento constitucional de la movilidad como un derecho fundamental, que debe garantizarse en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Bajo esta premisa, la iniciativa plantea transitar hacia modelos de movilidad sustentable que permitan mejorar la calidad de vida de las personas, ampliar opciones de traslado y reducir los impactos negativos del tráfico en zonas urbanas y metropolitanas.
El uso de la bicicleta se ha consolidado como una alternativa eficaz para disminuir emisiones contaminantes, reducir la congestión vial, mejorar la salud pública y promover una cultura de movilidad segura y responsable. Sin embargo, el documento advierte que en la mayoría de los municipios mexiquenses la infraestructura ciclista es inexistente o insuficiente, y cuando existe, suele carecer de planeación técnica y continuidad. En ese contexto, se señala que la entidad cuenta con 40 kilómetros de ciclovías concentradas en Toluca, Lerma, Zinacantepec y Metepec, lo que refleja la necesidad de una política más amplia y con obligaciones claras para todos los ayuntamientos.
La iniciativa también subraya el potencial real del uso de la bicicleta en la vida cotidiana: en la Zona Metropolitana del Valle de México, aproximadamente 35.9% de los hogares dispone de al menos una bicicleta, según la Encuesta Origen Destino en Hogares 2017, lo cual evidencia que existe disponibilidad y oportunidad para impulsar infraestructura que permita traslados más seguros y accesibles.
En lo jurídico, la propuesta plantea adicionar la fracción III Bis al artículo 28 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de México y sus Municipios, para obligar a los ayuntamientos a incluir en sus planes y programas de desarrollo urbano y movilidad la proyección y construcción de ciclovías, así como el equipamiento y elementos técnicos indispensables para su operación segura, como señalización, semaforización, iluminación y biciestacionamientos.
Además, establece que deben destinar recursos dentro del Programa Anual de Obra Pública para la planeación, diseño, construcción y mantenimiento de infraestructura ciclista.
De manera complementaria, se propone adicionar la fracción VIII Bis al artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, para incorporar como atribución municipal el promover, planear, proyectar, construir, mantener y conservar infraestructura ciclista -incluyendo ciclovías y carriles confinados- ya sea con fines de transporte público no motorizado o recreativos, garantizando condiciones de seguridad, accesibilidad e integración con otros sistemas de movilidad. Asimismo, se contempla promover el uso de la bicicleta mediante campañas de educación y cultura vial.
Con esta iniciativa, se busca dejar atrás decisiones discrecionales y avanzar hacia un esquema institucional que obligue a planificar infraestructura ciclista como parte del desarrollo urbano y la obra pública municipal, con una visión de largo plazo. La propuesta, señala el documento, apunta a atender de manera estructural la problemática del tráfico que afecta cotidianamente a millones de mexiquenses y a construir ciudades más responsables con el medio ambiente.
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